En la elección presidencial de 2006 hubo por lo menos 316 mil 539 votos irregulares, cifra superior a los 233 mil 831 sufragios en que consistió oficialmente la ventaja de Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador. Pero al calificar la elección, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ignoró el valor de esos votos irregulares y al declarar electo a Calderón, “lo hizo al margen de la información contenida en las actas”, mismas que dicen “algo muy distinto a lo que los magistrados nos informaron que decían”, es decir que el veredicto del Tribunal, “al menos en lo que hace a los votos irregulares, no corresponde a lo asentado en las actas oficiales de escrutinio y cómputo”.
Por lo tanto, puede afirmarse que en 2006 hubo fraude: “No un fraude que haya involucrado a millones de ciudadanos pero sí a un cuerpo colegiado de siete miembros que tenía la enorme responsabilidad de calificar la elección, revisar con exhaustividad la información disponible e informar con toda precisión y veracidad a los ciudadanos de por qué decidió lo que decidió, validando una elección cuya certeza quedaba en duda, según las actas electorales con valor oficial. Los magistrados informaron a la ciudadanía que las actas decían algo muy distinto de lo que en verdad reportan”.
José Antonio Crespo ha hecho estas afirmaciones en su libro 2006: Hablan las Actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, resultado de una descomunal investigación. Cuando en diciembre de 2006 el Instituto Federal Electoral puso en internet las actas de la elección de julio anterior –unas 135 mil-, el reputado politólogo decidió leer al menos la mitad de ellas. Y revisó escrupulosamente 63 mil actas de 150 distritos, también la mitad del total. Por ello puede establecer que el número de votos irregulares pudo haber llegado a más de 632 mil, casi el triple de los que oficialmente pusieron a Calderón por encima de López Obrador. Ante esa evidencia, el Tribunal debió anular la elección y no atribuirle el triunfo a Calderón, porque no bastaba que ese órgano de calificación “hiciera el cómputo final –carácter cuantitativo- y declarara en automático al ganador, sino que era menester que realizara el escrutinio –con carácter cualitativo- antes de declarar válida la elección. Y el elemento esencial del escrutinio, es decir del valor cualitativo del voto, radicaba en la magnitud de los errores de cómputo no justificados ni depurados, pues podría afectar justamente la certeza, principio cualitativo esencial para considerar válida la elección”.
Crespo ha dedicado ya casi tres lustros al examen de la estructura y el funcionamiento del sistema político mexicano en general y el electoral en particular. Formado en el Colegio de México, y maestro en sociología política y doctor en historia por la Universidad Iberoamericana , es miembro del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). A partir de 1995, en que dio a luz su estudio Urnas de Pandora, casi no ha habido un año en que no enriquezca la literatura politológica mexicana con sus obras, la más reciente de las cuales, aparecida en 2006, se titula El Fracaso Histórico del Presidencialismo Mexicano.
Al análisis de los fenómenos políticos Crespo ha añadido su experiencia como observador electoral, una actividad que desde mediados de los ochenta contribuyó a combatir el autoritarismo de la legislación sobre elecciones y a definir los abusos que a partir de ella hicieron posible el largo predominio del PRI en el gobierno del país y de los estados. La observación electoral no dejó de ser necesaria luego de la gran reforma de 1996, pero su papel quedó en buena medida atribuido a los órganos administrativos y judiciales responsables de la elección. Con todo, Crespo actuó como observador en los comicios del 2006, en algunos distritos electorales de la Ciudad de México y en cómputo oficial realizado por el IFE el 5 de julio. En el primer caso se percató “de la reticencia de muchos de los consejos distritales …para abrir y recontar los paquetes cuyas actas registraban errores”. Por eso puso particular atención a la denuncia de la Coalición por el Bien de Todos (CBT) sobre la magnitud de los errores aritméticos en las actas, y que expresó López Obrador el 16 de julio: “La revisión hecha por la CBT muestra que el 60% del total de las 130 mil 788 actas contienen errores aritméticos. Lo aclaro más: hay cerca de un millón de votos no sustentandos en boletas electorales. O sea, las actas de escrutinio no reflejan la verdadera votación, porque apuntaron más o menos votos que los depositados en las urnas”.
Crespo no votó por López Obrador. Y en su sistemática aportación al análisis político (en los diarios El Universal y Excélsior, amén de su participación en el Primer Plano del Canal 11, y hasta enero pasado en la primera emisión del noticiario Hoy por Hoy encabezado por Carmen Aristegui) ha criticado la estrategia poselectoral de quien ahora encabeza el Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo. Hizo suya, sin embargo, la demanda lopezobradorista de contar “voto por voto” y después la causa civil que reclama la apertura de los paquetes electorales, ya sin fines jurídicos. Lo movió a hacerlo, inicialmente, la información que el Programa de Resultados Electorales Preliminares arrojaba sobre el tema: indagó “cuántos errores aritméticos detectaba entre los tres rubros del acta que estaban diseñados para coincidir. La cantidad resultó abrumadora: entre 800 mil y 2 millones y medio, según los rubros comparados”. (De los campos de que constan las actas electorales hay tres espacios que deben mostrar cifras coincidentes: ciudadanos que acudieron a votar (cv), boletas encontradas en las urnas (beu) y votación total emitida (vtte). Las actas son irregulares cuando no coinciden los números de esos apartados).
Crespo fue más allá de la consulta al Prep. Cuando el IFE puso a disposición de los usuarios de internet el total de las actas, decidió despejar sus “propias dudas sobre el tipo y magnitud de los errores aritméticos registrados en ellas, contrastando su información con las sentencias de Tribunal sobre los juicios de inconformidad interpuestos por los partidos. Emprendí, pues, esa revisión para cuantificar el número de errores aritméticos registrados en las actas electorales, ver cuántos de ellos fueron justificados y depurados, o podrían serlo a partir de los criterios utilizados por el propio Tribunal y si el remanente afectaba o no el resultado nacional, o empañaba o no el principio de certeza”. Y encontró respuestas afirmativas a ambas preguntas.
El Tribunal se contradijo, porque el 5 de agosto de 2006, al resolver los juicios de inconformidad, dijo que el IFE “debió haber abierto y recontado de oficio –es decir, aunque nadie lo solicitara -todos los paquetes electorales cuyas actas registraran alguna inconsistencia aritmética”, pero el Instituto sólo abrió “el 3.5% de los paquetes que se encontraban en esa situación, lo que implica que el 96% restante no fue abierto en ese proceso conforme lo estipulaba la ley”. El tribunal, dice Crespo, pudo remediar esa omisión, pero se limitó a ordenar que se abriera otro 15% de paquetes cuyas actas registraban inconsistencias. El resultado es que “82% de los paquetes que por ley debieron ser abiertos y recontados…quedaron sin ser abiertos ni por el IFE ni por el Tribunal”.
El libro de Crespo no propagandístico, sino analítico: “Las actas electorales no dan la razón a quienes sostienen que López Obrador ganó la elección y que fue víctima de un enorme fraude –demostrar esto requeriría de una información distinta de la aportada por las actas- pero tampoco la da a quienes sostienen que Calderón ganó de manera inequívoca e inobjetable…Al Tribunal le correspondía demostrar el triunfo inequívoco del ganador oficial –quienquiera que hubiese sido”, pero “decidió eludir la presentación precisa” de la información contenida en las actas, distorsionando al mismo tiempo su contenido”.
La comprensión cabal lo ocurrido en 2006 requiere conocer, además de las actas tan brillantemente hechas hablar por Crespo, el contenido de los paquetes electorales, asunto pendiente ante los tribunales. Por lo pronto hoy sabemos que en ese proceso hubo fraude y lo cometió, por lo menos, el Tribunal Federal Electoral.
EL PASADO PRESENTE
Un día como hoy, el 15 de junio de 1971, el regente de la Ciudad de México Alfonso Martínez Domínguez, fue obligado por el presidente Luis Echeverría a renunciar a su cargo. Fue el segundo jefe del Departamento del Distrito Federal despedido por quien lo nombró, en un periodo de sólo cinco años. El primero había sido Ernesto P. Uruchurtu, defenestrado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1966.
Uruchurtu se había convertido en un personaje singular de la política mexicana. Subsecretario de Gobernación en el sexenio de Miguel Alemán, trabajó allí a las órdenes de Adolfo Ruiz Cortines, quien al convertirse en presidente de la República le confió el gobierno de la capital, que iniciaba entonces su gran expansión. Seis años después, Adolfo López Mateos refrendó el encargo al político sonorense, quien fue también confirmado en su puesto por Díaz Ordaz, en 1964. De haber permanecido en la jefatura del Departamento del DF los siguientes seis años, Uruchurtu hubiera roto todas las marcas, pues 18 años en una misma posición parecía algo imposible en gabinetes regidos por la autoridad presidencial, que a lo más aseguraba presencia a lo largo de un sexenio.
No hubo nunca buena relación entre el Ejecutivo federal y el regente. Eran políticos de talla semejante y no era la voluntad estricta del Presidente sino los compromisos con sus antecesores lo que explicaba la permanencia de Uruchurtu en su gobierno. Con el añadido de su autoritarismo, todo propiciaba que Díaz Ordaz se desembarazara en cuanto pudiera de ese colaborador estorboso, que era más su igual que su dependiente. El, pretexto fue el enojo presidencial por una falta atribuida al regente: el día en que el Estadio Azteca abrió sus puertas no se previeron los embotellamientos producidos en las inmediaciones del “Coloso de Santa Úrsula” por los vehículos de miles de aficionados, y la comitiva presidencial se demoró en llegar a la ceremonia inaugural Un helicóptero tuvo que sacarlo a última hora del embrollo y dejarlo ante el irritado público que deseaba atestiguar el partido inicial del nuevo establecimiento deportivo, por lo que recibió con una rechifla al ultrasensible Presidente. Días después, la destrucción de las casas de un asentamiento irregular en Coyoacán, simbólicamente no lejos del estadio, dio lugar a una inesperada protesta de diputados priistas. Durante 14 años, Uruchurtu había gobernado la ciudad con mano dura imponiendo hechos consumados, y así procuraba impedir la diseminación de fraccionamientos fuera de la ley. Más de una vez la maquinaria pesada del DDF había derribado casas construidas en terrenos no autorizados, lo que provocaba la estéril crítica de la débil oposición. Pero el que esta vez miembros de su propio partido pretendieran instaurar juicio político en su contra por violencia contra un grupo de paracaidistas –cuya suerte a nadie en el gobierno importaba- fue entendido por el regente como una señal de que Díaz Ordaz no lo quería más en su cargo. Y renunció.
Muy otra fue la circunstancia en que Echeverría despidió, un día como hoy de 1971, a Martínez Domínguez. Éste había encabezado el PRI durante el proceso preelectoral y durante la campaña y por lo tanto Echeverría lo incorporó a su gabinete como solía hacerse entonces en beneficio del partido en el poder. Pero Martínez Domínguez observaba mayor fidelidad a Díaz Ordaz que a su sucesor, por lo que el Presidente urdió una maniobra para echarlo. Fue una iniciativa de doble propósito. Por un lado, reprimiendo una manifestación estudiantil el 10 de junio, hizo saber que no había espacio para las libertades civiles y, por otro lado, presentando al regente como autor de la represión lo echó de su lado y buscó aparecer como el heraldo de la democracia frente a los emisarios del pasado.
Por lo pronto, Echeverría ordenó a Martínez Domínguez organizar una gran manifestación en el Zócalo en que el Presidente hablaría para anunciar la nueva era democrática. Echeverría felicitó al regente por la “magnífica concentración”, pero horas después lo citó en Los Pinos. Según contó Martínez Domínguez a Heberto Castillo años después, Echeverría lo recibió “y nos sentamos cerca el uno del otro. Se me acercó tanto que sentí su aliento en mi cara. Me clavó su mirada de serpiente en los ojos y tomándome de la quijada me dijo: ‘Alfonso, vaya usted a su hogar, reúna a su esposa y a sus hijos y dígales que va usted a servir al Presidente de la República. Dígales que ha renunciado usted al cargo de jefe del Departamento del Distrito Federal. Sirve usted así al Presidente y al amigo. Ya habrá tiempo de implementar su regreso a la función pública”.
No lo hubo durante los cinco años restantes del gobierno de Echeverría. Pero sí en el sexenio siguiente, en que López Portillo hizo a Martínez Domínguez gobernador de Nuevo León, su entidad natal, donde nunca había vivido.
