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JUBILADOS DE ORO (la opacidad del Banco de México)

abril 26, 2009

Martha Zamarripa

El mexicano sigue siendo un régimen de privilegios premodernos. La falta absoluta de transparencia en la rendición de cuentas de muchísimas instituciones públicas explica el absurdo del doble discurso nacional y la desigualdad crónica de los derechos ciudadanos. El caso de los altos funcionarios del Banco de México es vergonzosamente paradigmático.

Una investigación del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que analizó el acceso a la información y a la transparencia de siete organismos federales, reprobó con una calificación de 3.91 a fines de 2008 al Banco de México (Banxico) por incumplir el artículo sexto constitucional. En ese mismo rango están el Senado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mientras que la Cámara de Diputados tampoco pasó la evaluación, con 5.22. Si el Congreso de la Unión reprueba en transparencia, no hay mucho que esperar de otras instituciones federales. La opacidad del banco central es legendaria, pero es aún más deplorable desde 2007, al aprobarse en la Constitución cambios a la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información.

El Banxico no está interesado en acatar la Constitución en materia de transparencia porque exhibiría el mal uso que hace de recursos del erario, para beneficiar a un selecto grupo de ex funcionarios con pensiones millonarias, consideradas pensiones especiales, lo que sería mal visto en un país con al menos 48 millones de pobres. Fundado en 1925, este banco central es turbio en su manejo de información, no sólo hacia el exterior sino hacia sus empleados y jubilados. En los años del presidencialismo priísta, hasta abril de 1994, su director obedecía al secretario de Hacienda, que acataba las órdenes del presidente de la república. Pero al dotarlo de autonomía, lejos de abrir el acceso a la información, el Banco de México se volvió más hermético. Su nueva condición de autónomo no lo deslinda del gobierno ni lo exime de respetar la Constitución.

Para eludir a la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información -que como organismo gubernamental está obligado a cumplir-, el Banxico modificó sus leyes orgánicas. Si un ciudadano requiere información de este banco central y se le niega, no puede exigirla a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública , porque el Banxico creó su Unidad de Enlace que depende de sí mismo, desentendiéndose de la ley aludida y del mencionado instituto. Tampoco hay forma de denunciarlo, porque no responde a la legislación contemplada en el artículo sexto constitucional, sino a sus propias leyes y a su propia oficina. Esto imposibilita la transparencia. Nadie lo vigila, ni sanciona. Su Junta de Gobierno es intocable y sus decisiones son inapelables. Se mandan solos.

Muy a su pesar, trascendieron nombres de privilegiados pensionados y montos de sus generosas pensiones, en situaciones irregulares. El organismo no ha explicado el criterio para autorizar que cobren paralelamente sueldo y pensión en Banco de México. O que ciertos empleados se jubilen de esta institución, mientras se van a otro puesto del gobierno federal. Esta distorsión es posible porque el gobierno le permite discrecionalidad ilimitada para empleados de confianza, y que se auto-otorgue absoluta libertad para fijar sueldos y prestaciones.

Para los empleados y jubilados del Banco de México, el trato a los pensionados de oro resulta ofensivo. Figuran directores, vicegobernadores o el mismísimo Gobernador del Banxico, el priísta Guillermo Ortiz, recibiendo sueldo como tal, pero simultáneamente pensionado con 155 mil 500 pesos mensuales. Aunque esta excepción no tiene sustento, la poderosa Junta de Gobierno dictaminó que Ortiz “cubrió” los requisitos para jubilarse. Nada quedó claro, excepto el favoritismo y el agravio. Dicha Junta de Gobierno, que otorga dádivas a quien quiere, cuida bien a sus miembros. Determinó que cuando ellos mismos no hayan trabajado en el Banxico, recibirán seguro de vida, incapacidad permanente total o de invalidez equivalente a 36 meses de sueldo. Son juez y parte.

El priísta Francisco Gil Díaz fue pensionado con 141 mil 619 pesos, como ex vicegobernador, mientras cobraba como Secretario de Hacienda. A otro ex titular de Hacienda, Jesús Silva Herzog le otorgaron 131 mil 802 pesos mensuales de pensión, como ex director del Banxico -rango y monto compartido con Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo, más cuestionables, porque también disfrutan de otra pensión como ex presidentes. A De la Madrid el Banxico lo becó en Harvard (y pensionó) después de trabajar sólo 4 años en esa institución. Zedillo recibe pensión, porque fue empleado del banco apenas 9 años.

El actual secretario de Hacienda Agustín Carstens recibió el mismo excepcional trato desde 1999 con su vitalicia pensión. Cuando se hizo público, el gobierno aclaró que la pensión se “suspendió” mientras esté en el gabinete de Felipe Calderón. Cobró varios años un millón 818 mil pesos anuales (151 mil 500 pesos mensuales) que volverá a recibir cuando termine su actual encargo, con sólo 15 años laborados. A miles de estudiantes mexicanos el gobierno les niega beca para estudiar en el extranjero, a Carstens el Banxico le pagó maestría y doctorado en la Universidad de Chicago.

Esa manga ancha para premiar a directivos o ex directivos, pagándoles sueldos dobles con recursos públicos, contrasta con el trato miserable que el mismo banco destina al resto de trabajadores, jubilados, viudas de pensionados, que ocuparon desde modestos puestos hasta gerencias de sucursal, violando sus derechos constitucionales. Un ejemplo es la modificación que el Banxico hizo a su Plan de Salud, limitando los alcances del servicio médico. Al reducir a los médicos especialistas y eliminar especialidades, obligó a los trabajadores a pagarlos por su cuenta. Al aplicar los cambios en forma retroactiva, el banco central viola la Constitución que establece que beneficios otorgados a los trabajadores no pueden suprimirse.

Las alteraciones al Plan de Salud volvieron un servicio médico, considerado entre los mejores del país, deficiente. Ex médicos del Banco afirman que se fueron, porque les pagaban “una miseria por consulta”. Las denuncias sobre estos atropellos no prosperan. Los encargados de las áreas de Recursos Humanos, Administración, Remuneraciones y Beneficios, y Administración del Plan de Salud, con sorna y despotismo, lo hacen saber a quienes llevan su inconformidad al terreno legal. Informar a los vicegobernadores de los abusos, obtendrá indiferencia como respuesta.

El Banco de México -que gozó de prestigio cuando fue su director el neoleonés don Rodrigo Gómez- aplica doble rasero. Dispendio para funcionarios, mezquindad para el resto. Su ilegal e injusto sistema de sueldos, jubilaciones y prestaciones a funcionarios que laboraron escasos años en el Banxico, afecta a su población laboral activa o jubilada.

Banxico no justifica sueldos a vicegobernadores de más de 173 mil  pesos al mes (2 millones 81 mil pesos anuales) en coexistencia con pensiones. Tampoco la discriminación a empleados y jubilados que, agraviados en sus derechos, no tienen quién hable por ellos, ni forma de ampararse de las extralimitadas decisiones de la Junta de Gobierno. El gobierno permite que el Banco de México opere con excesos, al margen de la ley. Se le debe detener.

La autonomía al Banxico se otorgó para que la política monetaria no se fijara al gusto del presidente; que las decisiones de política fiscal se manejaran independientes del déficit gubernamental para evitar la tentación de echar a andar la máquina del dinero. Era cancelar un conflicto de interés, no generar abuso y derroche. La autonomía debió ser candado, no llave maestra para repartir prebendas a privilegiados. Ninguna institución del gobierno -y esto incluye al Banco de México-, tiene derecho a la opacidad ni a decidir por su cuenta que los recursos del erario se destinen a jubilaciones y jubilados de oro. El Banxico debe ser llamado al orden.

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2 comentarios leave one →
  1. erick nuñez permalink
    mayo 30, 2011 8:46 pm

    gracias a las pensiones exorbitantes que les dan a los exfuncionarios del banco de mexico, los pensionados y jubilados no tienen los servicios adecuados, y ademas les han quitado mas servicios adicionales que tenian como el uso de ambulancias a enfermos cronicos a todos sus empleados, menos a aquellos que tenian una categoria de funcionario, todos los ex-empleados de baxico, se estan muriendo por la falta de los servicios basicos.

  2. habacuc chavez negrete permalink
    marzo 22, 2012 2:23 pm

    en la actualidad los trabajadores tienen que ahorrar para su pension y estos sin ton ni son abusan de los propios trabjadores de este mexico, ojala y que de manera responsable quien llegue a la presidencia revise este abuso, segun la reforma del 2007 a el ISSSTE tienen derecho a una pension de 10 salarios minimos, lo mismo para los ex preside3ntes de mexico ya basta de que el pueblo de mexico tenga que estar pagando sus pribiegios.

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