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Narcopolítica panista

julio 4, 2009

ARTURO RODRíGUEZ GARCíA
Revista Proceso

MONTERREY, NL- Mientras el presidente Calderón acusa a gobernadores de los estados de escatimarle apoyo a su “guerra” contra el narco, y el dirigente panista Germán Martínez subraya que la inseguridad de Nuevo León es responsabilidad del mandatario priista Natividad González Parás, los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García –todos ellos en manos del PAN– son frecuentes escenarios de ejecuciones, tiroteos, secuestros y levantones en los que intervienen numerosos funcionarios y policías municipales.

En Monterrey, familiares de víctimas de desapariciones acusan de éstas a patrulleros del ayuntamiento –a quienes identifican con su nombre y número de patrullas–. En San Nicolás, agentes policiacos han liberado a capos y atacado a tiros a miembros del Ejército. Y en San Pedro, a la policía municipal se le considera semillero de sicarios. En este último municipio, de acuerdo con expresiones del candidato panista Mauricio Fernández Garza, la seguridad está garantizada por gente de los hermanos Beltrán Leyva.

En San Nicolás –cuyo alcalde Zeferino Salgado Almaguer se ha visto envuelto en escándalos por permitir la operación ilegal de casinos– puso su centro de operaciones Erick Alvarado Muñoz, La Gata, un presunto desertor de Los Zetas a quien se atribuyó la autoría intelectual del homicidio de un comandante policiaco, José Guadalupe Báez Hernández, entre otras operaciones que presuntamente contaron con la protección de policías del municipio.

La presencia de Los Zetas en San Nicolás es tan evidente que el 4 de mayo pasado al menos unos 15 oficiales de San Nicolás, Escobedo y Apodaca fueron detenidos luego de resultar implicados en la protección de un capo del Cártel del Golfo que logró huir durante una balacera en la colonia El Mezquital.

Identificado sólo como El Comandante Colosio o El Coloso, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que ese capo es el encargado regional de Los Zetas y que, hallándose herido, fue rescatado en medio del tiroteo por varios agentes uniformados y luego trasladado en una patrulla municipal que tripulaba José Carlos Treviño Carreón.

El lunes 8 de junio, en medio de operativos militares que concluyeron con la captura de decenas de policías, principalmente de San Nicolás y Monterrey, miembros del Ejército detuvieron a Aída Villarreal Loredo, una agente municipal de San Nicolás que resultó ser el enlace entre elementos policiacos y narcotraficantes encabezados por El Coloso.

El traslado de Aída fue obstaculizado por policías municipales que bloquearon tres cruces viales, en uno de los cuales se encañonaron con elementos de la Policía Federal. Un convoy de la Policía Estatal llegó a brindar apoyo a los federales, que no estaban avisados de su arribo, por lo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno terminaron apuntando sus armas entre sí.

Hasta hace unos meses, el titular de Seguridad Pública de San Nicolás fue Camilo Ramírez Puente, quien recibió narcomensajes que lo amenazaron de muerte y sufrió un atentado el 28 de noviembre de 2007. Actualmente, Ramírez Puente es candidato a diputado federal por el PAN.

Pero el propio presidente municipal, Zeferino Salgado, fue públicamente acusado de haber recibido como donativo de una empresa de Arturo Rojas Cardona –hermano de El Zar de los Casinos– un helicóptero de 5 millones de pesos.
Aunque finalmente tuvo que regresarlo, el escándalo mediático que se desató –a partir de una investigación de El Norte de Monterrey– puso al descubierto que la familia Rojas Cardona es propietaria de la casa productora Tango Media, que realizó spots de campaña para Zeferino Salgado.

Y un poco después, en una nota firmada por Luciano Campos y difundida por la Agencia Proceso de Información (Apro), se dio a conocer que el estadunidense William Graven, exsocio de Rojas Cardona, aseguró que éste, junto con Emilio Azcárraga Jean, fue uno de los “amigos especiales” que aportaron 25 millones de dólares para la campaña de Felipe Calderón por la Presidencia de la República, luego de que, justamente en 2005, la Secretaría de Gobernación les otorgó 60 permisos para abrir igual número de casinos y un hipódromo.

Monterrey y San Pedro

En Monterrey, cuyo alcalde es Adalberto Madero Quiroga –puesto al que se postuló como candidato el también panista Fernando Larrazabal Bretón, exalcalde de San Nicolás–, las policías municipal y de tránsito son investigadas por la probable complicidad de mandos policiacos en actividades delictivas, y el mismo presidente municipal tiene abiertas 15 denuncias penales –varias de ellas por corrupción– que interpusieron en su contra partidos de oposición, militantes panistas y empresarios.

Después de que el propio secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, manifestó que en este municipio existe colusión de agentes policiacos con la delincuencia organizada, el pasado 20 de mayo familiares de desaparecidos señalaron que el entonces jefe policiaco del ayuntamiento, Amador Medina Flores, brindó protección a policías municipales que presuntamente privaron ilegalmente de su libertad a varios ciudadanos.

“A pesar de las denuncias concretas que habíamos hecho contra sus elementos, Amador dejó de investigar (como se observa en un oficio integrado en el expediente 039/2009/III-3), y de premio lo enviaron como jefe de Tránsito. Es una burla”, expresaron Gerardo Paredes y Amada Puentes, padres de uno de los desaparecidos.

Las familias de los desaparecidos establecieron penalmente, entre otras cosas, que en el secuestro y desaparición de tres personas que se produjo el 3 de febrero pasado intervinieron la patrulla 5038 de la Policía regia, tripulada por Refugio Dávila Sánchez y Misael Mendoza; la 5040, a bordo de la cual iban Efraín López y Dante Damián, así como la 5034, tripulada por el oficial Romel García Canto. Pero las investigaciones no avanzan y los plagiados no han reaparecido.

A su vez, el municipio de San Pedro –encabezado por el panista Fernando Margáin Berlanga– es, de acuerdo con el candidato blanquiazul a la presidencia municipal, Mauricio Fernández Garza, el asiento de los hermanos Beltrán Leyva, quienes tenían como sicarios a los expolicías Miguel Ángel Román Ruiz, El Mico, y Pedro Alonso Medrano Alférez, El Cobra.

Aunque estos y otros sicarios y narcotraficantes han sido detenidos en el curso de este año, incluido el presunto jefe de la organización en el área, Rodolfo López Ibarra, El Nito, la policía municipal se ha mantenido al margen de todos los aseguramientos, detenciones, cateos y enfrentamientos.

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