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¿Y los líderes empresariales de Monterrey?

abril 6, 2010

Abraham Nuncio
15Diario 06 de Abril de 2010

En el execrable episodio donde perdieron la vida dos estudiantes del Instituto y de Estudios Superiores de Monterrey a manos del ejército mexicano se pudo ver con toda claridad la pérdida de liderazgo del grupo empresarial de mayor fuerza en la región.

Una de las expresiones organizativas de este grupo se halla en los consejos directivos de las asociaciones civiles que rigen la vida de los centros privados de enseñanza superior más importantes.

Enseñanza e Investigación Superior, A.C. (EISAC) es la asociación civil dueña del ITESM. En 1984 renunció su antiguo rector, Fernando García Roel, y lo sustituyó el actual rector, Rafael Rangel Sostmann. En 1986, el consejo de EISAC aprobó el Estatuto General que define el sistema normativo del Tecnológico de Monterrey. De los documentos oficiales de la institución leemos:

1. Enseñanza e Investigación Superior A. C. (EISAC) es la máxima autoridad del Sistema Tecnológico de Monterrey. Esta asociación delega en su Consejo la autoridad para supervisar y dirigir el Sistema.

2. El consejo EISAC nombra al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, en quien delega la autoridad necesaria para la operación del Sistema.

En el consejo de directores de Enseñanza e Investigación Superior participan algunos de los empresarios más visibles de Monterrey: Lorenzo Zambrano (presidente del consejo y del de Cemex y otras empresas); José Antonio Fernández (vicepresidente del consejo y presidente del de Femsa); David Garza Lagüera (consejero de Femsa); Eugenio Clariond Reyes-Retana (ex presidente del consejo de administración de IMSA); Othón Ruiz Montemayor (ex consejero de varias de las empresas y bancos más importantes de Monterrey y actual secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Nuevo León); Federico Sada González (ex director general de Vitro).

La actitud omisa de esos empresarios ante la violación del recinto emblemático de la institución fundada por Eugenio Garza Sada el 6 de septiembre de 1943 no puede pasar desapercibida, como lo apuntó Luis Lauro Garza en su artículo “¿Qué pasa en Monterrey?” (15Diario, marzo 30). Tres décadas más tarde, también en septiembre, el industrial moría acribillado en una de las calles cercanas a la Cervecería Cuauhtémoc por un comando guerrillero que intentó secuestrarlo y fue repelido por él mismo y su chofer. Los industriales de Monterrey le declararon prácticamente la guerra al presidente Luis Echeverría Álvarez y se lo hicieron saber con acres palabras el día del funeral del hombre que se convertiría en su gran referencia histórica. Al presidente atribuyeron lo fundamental de la violencia derivada de las acciones guerrilleras. Podría decirse que sin excepción, todos los líderes empresariales de Monterrey estuvieron en el sepelio para escucharlas y hacerlas suyas.

Su ausencia ahora, en los actos que han rodeado la muerte de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso,  los estudiantes ultimados por efectivos del ejército, es en extremo significativa. ¿La del trabajo ha llegado a ser, inclusive, una división moral del trabajo? ¿Por un lado están quienes supervisan y dirigen una institución educativa y por el otro el que la opera cuando se presenta una situación límite? ¿Convertir en práctica lo que se critica verbalmente, como lo ha hecho el rector Rangel Sostmann en torno a la necesidad de unidad? ¿La condición de dueño o máxima autoridad exime de la exigencia ética que reclaman actos de lesa humanidad, sobre todo cuando éstos fueron cometidos justo en su propiedad privada?

Esa ausencia explica, sí, las 36 largas horas que pasaron antes de que el propio rector general rectificara la posición oficial del ITESM en el sentido de que las víctimas no eran estudiantes de esta institución (el error que sólo él ha asumido públicamente). Y explica también lo que hay detrás de sus declaraciones: a) una dura –y justa– crítica de los líderes empresariales a las fuerzas armadas por su responsabilidad en la muerte de los dos estudiantes y al mal uso que de ellas hace el Ejecutivo Federal, y b) la posición, igualmente crítica, de estos empresarios frente a las autoridades civiles de Nuevo León. Aquí destaco tres puntos tomados de las declaraciones de Rangel Sostmann a la revista Proceso (Núm. 1743 del 27 de marzo):

  1. No hay ley. Con los soldados estamos a lo que dice el presidente, y los soldados toman decisiones a su criterio. Eso está mal… el Ejército se está pasando en sus funciones… Hay que acotar al Ejército, porque no es una policía urbana, no puede andar de ministerial revolviendo casos…¡Por favor! Tenemos un problema con la educación de esas personas [los soldados]. Andan en la parte urbana, no entienden a la sociedad, pero andan con armas de alto poder.
  2. Es una política difícil [la de seguridad seguida por Felipe Calderón] y viene de Estados Unidos. Además ellos (los estadounidenses) mandan las armas y el dinero; nosotros ponemos los muertos y la droga. Está llegando el dinero por toneladas, armas de alto poder, y esa es una responsabilidad muy seria de Estados Unidos.
  3. Luego hay que fortalecer a las policías, y eso le toca al señor gobernador, que no se haga tonto.

Aunque el gobernador Medina ha dado pie a críticas merecidas  –entre ellas la de la marchita por la paz donde los políticos revolucionarios del Institucional se confundieron con las tradiciones caceroleras que suelen sustituir a la información y a las demandas concretas por la parafernalia espectacular y la retórica, y todo se reduce, como en la religión, a la paz individual–, él no es quien manda al ejército. Otra cosa es su sometimiento, junto con el de los ayuntamientos municipales, a los mandos castrenses (“Para los generales, jefes y oficiales de tropa, nuestro respeto y mayor consideración…”, decía el desplegado publicado por su gobierno el 22 de marzo). Pruebas sobran: “Antes de ser Secretario de Seguridad Pública de Santa Catarina soy Mayor de Infantería y estoy sujeto al fuero de guerra y no puedo opinar nada (sin autorización) de mis superiores”, dijo René Castillo, el militar responsable de la Seguridad Pública de ese municipio, respecto a diversos hechos delictivos en los que se vieron involucradas autoridades civiles y de la marina. No sólo en Santa Catarina, sino en otros municipios, militares son los funcionarios que se hallan al frente del área de seguridad. Grave error. Es inútil esperar que el subordinado de unos mandos militares pueda servir a un gobierno civil y, sobre todo, a la ciudadanía que es, aunque no parezca, el verdadero superior de todos ellos.

El rector Rangel Sostmann ha dado muestras de que únicamente en la práctica es donde se constata que una disculpa ofrecida por el error cometido es real. Pero sus actitudes y funciones no relevan de responsabilidad a los empresarios que dirigen al Tecnológico de Monterrey, aún ausentes del cuadro de los acontecimientos. Cabe preguntarse si lo harán en la reunión nacional convocada por la propia institución para el lunes 12 de abril donde, según lo informado, se presentarán propuestas orientadas a resolver el problema de la violencia/inseguridad que vive el país.

De esos empresarios lo que puede verse, hasta ahora, es que ejercen una gran presión sobre el gobierno de Rodrigo Medina. Y que éste no puede dejar de atender, pues sabe que le puede costar el puesto (a ellos en buena medida se los debe). Podría repetirse la experiencia de Sócrates Rizzo García: tuvo que dejar la gubernatura antes de concluir su periodo por presiones de los empresarios de Monterrey. La actual coyuntura, en la que pueden hacerle el vacío a Medina, como se lo hicieron en la marcha convocada por él (Coparmex-Nuevo León, Caintra y Canaco rechazaron su llamado, pues “no son tiempos de manifestarse, sino de solucionar y actuar”, según dijo Marcelo Canales Clariond, dirigente patronal de Nuevo León) puede ser de nefastas consecuencias para la población. El ejemplo más inmediato es el proyecto de construir el estadio del Parque La Pastora en condiciones onerosas para el medio ambiente, para el erario y para la población. La bancada priista, con la mayoría panista salvo un diputado de esta fracción, precipitó la aprobación (ilegal) de concederle a Femsa en comodato 25 hectáreas por un plazo renovable de 60 años. Cuánta largueza a costa del hábitat y de la sociedad.

Los empresarios saben lucrar con la tragedia y con una sociedad despolitizada cuyo tema central es el futbol. Y no hay un gobierno con fuerza popular que pueda frenarlos en sus ambiciones e inconsciencia.

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