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2006: El fraude oculto

abril 10, 2011

Editorial, La Jornada 4 de Abril de 2006

Hace cinco años, cuando la ciudadanía mexicana se enfrentaba a la decisión de dar un sentido a su sufragio con base en las propuestas políticas de las organizaciones partidarias y de sus candidatos, no sospechaba el grado de descomposición interna en que se encontraban el PRI y el PAN. Tampoco tenía elementos para conocer las intrigas, los golpes bajos y las negociaciones bajo la mesa que tenían lugar durante ese primer semestre de 2006 y que desvirtuaban, de hecho, el sentido de la inminente elección, porque el poder público no se dirimía entre partidos, sino entre alianzas faccionales que pasaban por encima de las siglas, de las ideologías y de los programas. Mientras el abanderado presidencial priísta, Roberto Madrazo, era abandonado a su suerte por muchos de los que en público lo respaldaban, la candidatura del panista Felipe Calderón recibía el respaldo furtivo de una coalición de facto entre panistas, priístas y Nueva Alianza.

Tal es el panorama que presenta el conjunto de cables de Wikileaks que hoy se reseña en esta edición: un trasiego de votos manejado en las trastiendas de las cúpulas partidistas en atropello al espíritu democrático, a la transparencia y al régimen de partidos; fracturas enconadas entre los candidatos y las dirigencias de sus respectivos partidos, y la determinación inescrupulosa de obtener votos donde sea posible y de aliarse hasta con el diablo, atribuida por el entonces diputado federal Germán Martínez –según las transcripciones del ex embajador estadunidense Tony Garza– a Manuel Espino, a la sazón presidente nacional del PAN, aunque tales intenciones resultaran igualmente aplicables al propio Martínez, quien contaba con conseguir para Acción Nacional el respaldo de Enrique Peña Nieto, Eduardo Bours, Eugenio Martínez y otros miembros jóvenes y progresistas del PRI. Uno de los documentos refiere un acuerdo entre Espino y Madrazo –informado por el primero de ellos al ex embajador Garza– orientado a enfocar sus respectivas energías para erosionar el apoyo a Andrés Manuel López Obrador.

En síntesis, quienes emitieron su voto en favor de Acción Nacional lo hicieron sin saber que ese partido corría en alianza secreta con estamentos del priísmo y de Nueva Alianza; quienes creyeron en ésta como opción de poder ignoraban que, con su sufragio, fortalecían la candidatura presidencial panista, como lo hacían quienes sufragaron por el PRI en diversas entidades. En los hechos, pues, y al margen de si fue real o no el fraude electoral que en su momento alegó la Coalición por el Bien de Todos, los reportes diplomáticos estadunidenses indican que innumerables ciudadanos resultaron defraudados por los propios partidos con los cuales simpatizaban; por ejemplo, quienes emitieron su voto por el tricolor para poner un alto a la escandalosa opacidad del gobierno foxista, quienes votaron por el candidato blanquiazul con la esperanza de poner un alto a la impunidad de funcionarios priístas como Mario Marín o Ulises Ruiz, o quienes tacharon en la boleta electoral el logotipo de Nueva Alianza con la idea de buscar una alternativa al PRI y al PAN. A espaldas de esos conjuntos de ciudadanos, el sufragio había sido desvirtuado de antemano por los arreglos cupulares entre partidos y facciones.

Los documentos referidos y los contextos de descomposición política que permiten observar aportan nuevas claves para comprender el déficit de legitimidad que viene arrastrando desde su origen la administración calderonista, la crisis de representatividad que experimenta el país en su conjunto, así como los vínculos entre tales fenómenos y la pérdida de soberanía y de control territorial por parte del Estado.

Si se proyectan tales vicios al futuro inmediato, es claro que, en tanto la clase política no corrija las graves distorsiones en las que ha incurrido, los mecanismos democráticos en general y las elecciones en particular no lograrán sus cometidos de resolver y conciliar diferencias entre los distintos sectores de la sociedad y de otorgar legitimidad a los poderes públicos y a quienes los ejercen.

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